TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2652/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena

 

AUTO 2652 DE 2023

 

Expediente: CJU-4029

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre      el    Juzgado      Tercero

Administrativo del Circuito de Buga y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga.

 

Magistrado ponente:

Cristina Pardo Schlesinger

 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.      ANTECEDENTES

 

1.                 El 29 de marzo de 2023, la señora Rocio Uchima Agudelo presentó una demanda ejecutiva laboral en contra de la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se libre mandamiento de pago por las sumas reconocidas en el Oficio No. 1110030000000 - I-2020-002314 del 13 de marzo de 2020 por el concepto de Prima Especial de Servicios^[1]. Asimismo, solicitó los intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legalmente permitida frente a cada una de las sumas reconocidas² a través del acto administrativo que se mencionó anteriormente. 

 

2.                 En providencia del 24 de marzo de 2023^[2], el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga rechazó la demanda y ordenó la remisión del expediente a la oficina de reparto de los jueces administrativos de Buga. Esta autoridad expuso que en base al artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), se enfrenta a una controversia de un empleado público, por ende, su conocimiento recae en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no en la jurisdicción ordinaria⁴.

 

3.                 Por reparto, el asunto le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga. Este declaró su falta de competencia a través del Auto No. 258 del 13 de abril de 2023^[3]. El juez administrativo que conoció del asunto fundamentó su postura en que la pretensión de la demandante es de carácter ejecutivo y no declarativo. En concordancia con ello, argumentó que “el numeral sexto del artículo 104 de la ley 1437 de 2011, relativo al conocimiento de los procesos ejecutivos como el que hoy nos ocupa, determina que son los derivados de condenas impuestas y conciliaciones aprobadas por la jurisdicción contenciosa administrativa, así como los laudos arbitrales donde sea parte una entidad pública y los originados en los contratos celebrados por estas entidades”⁶. Aunado a ello, arguyó que “el artículo segundo numeral quinto del Código Procesal del Trabajo y la seguridad social, que a su vez consagra que la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y seguridad social conocen: 5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. Siendo procedente la demanda ejecutiva, conforme al artículo 100 de la misma normativa, la cual establece que “Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme…”⁷. Por último, afirmó que “la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias laborales reconocidas en actos administrativos”^[4]. A raíz de ello, propuso el conflicto de competencias entre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y ordenó remitir a la Corte Constitucional^[5]. 

 

4.                 El asunto fue radicado ante la Corte Constitucional el 26 de abril de 2023. Posterior a ello, el 04 de septiembre de 2023 le fue repartido a la magistrada sustanciadora^[6]. 

 

II.     CONSIDERACIONES

 

1.    Competencia

 

5. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

2. Cumplimiento de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones 

6.                 La jurisprudencia constitucional ha considerado que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que concurran el presupuesto subjetivo, objetivo y normativo^[7]. De esta manera, ha explicado que el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia debe suscitarse, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y que hagan parte de distintas jurisdicciones; el presupuesto objetivo se refiere a que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa judicial^[8], y el presupuesto normativo es aquél, según el cual, es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

 

7.                 La Sala concluye que en el presente caso se satisfacen los presupuestos indicados en líneas anteriores. En efecto, el presupuesto subjetivo está acreditado porque el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga son autoridades que administran justicia y forman parte de diferentes jurisdicciones: el primero, de la jurisdicción contencioso-administrativa; y el segundo, de la jurisdicción ordinaria. 

 

8.                 El presupuesto objetivo también se encuentra cumplido. El conflicto de jurisdicciones trata sobre la competencia para decidir la demanda interpuesta por la señora Rocio Uchima Agudelo contra Procuraduría General de la Nación. Dicho proceso tiene como finalidad que se libre mandamiento de pago por las sumas reconocidas en el Oficio No. 1110030000000 - I-2020-002314 del 13 de marzo de 2020 por el concepto de Prima Especial de Servicios en favor de la señora Rocio Uchima Agudelo. 

 

9.                 Igualmente, el caso bajo estudio satisface el presupuesto normativo. Tanto el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga precisaron los argumentos de índole legal y jurisprudencial en los que soportan sus decisiones de rechazar la competencia. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga fundamentó su posición en el numeral sexto del artículo 104 del C.P.A.C.A., el numeral quinto del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en los Autos 1820 de 2022 y 613 de 2021. Contrario sensu, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga citó el artículo 104 del C.P.A.C.A. sin profundizar en el mismo. 

 

10.            Una vez superados los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones, la Corte resolverá el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga. Por último, resolverá el caso concreto.

 

 

 

 

 

3. La competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de los asuntos en los que se reclama el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos. Reiteración Auto 613 de 2021

 

11.            En el Auto 613 de 2021^[9], la Sala Plena analizó los presupuestos fácticos del artículo 104.6 del CPACA y estableció que la jurisdicción contencioso administrativa conocerá de las controversias de naturaleza ejecutiva que se deriven de: i) las condenas impuestas a la administración; ii) las conciliaciones aprobadas; iii) los laudos arbitrales, y iv) los contratos celebrados con las entidades estatales^[10].

 

12.            Asimismo, esta Corporación señaló que, de acuerdo con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del CPTSS, la jurisdicción ordinaria laboral conoce de los conflictos que versen sobre las demandas ejecutivas donde se pretenda el pago de las acreencias laborales reconocidas en actos administrativos. En consecuencia, la Corte Constitucional fijó como regla de decisión que:

 

“Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos administrativos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

 

13.            Esta posición ha sido reiterada por la Corte, entre otros, en el Auto 914 de 2022 y el Auto 1033 de 2021.

 

Caso concreto

 

14.            La Sala Plena concluye que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga es competente para conocer de la demanda ejecutiva laboral presentada por la señora Rocio Uchima Agudelo en contra de la Procuraduría General de la Nación. En efecto, se evidenció que la demandante promovió el proceso ejecutivo laboral con el fin de percibir el pago de unas sumas de dinero, por concepto de Prima Especial de Servicios regulada en la Ley 4 de 1992, reconocidas por medio del Oficio No. 1110030000000 - I-2020-002314 del 13 de marzo de 2020. De manera que no encaja en los supuestos contemplados en el 104.6 del CPACA.

 

15.            En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el Auto 613 de 2021, la Corte ordenará remitir el expediente CJU - 4029 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga para que proceda con lo de su competencia. Esta autoridad deberá comunicar la presente decisión al juez administrativo involucrado en el conflicto y a los sujetos procesales.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga en el sentido de DECLARAR que el conocimiento de la demanda ejecutiva laboral promovida por la señora Rocio Uchima Agudelo contra la Procuraduría General de la Nación le corresponde al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga.

 

Segundo. REMITIR el expediente CJU-4029 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga para que proceda con lo de su competencia y le comunique la presente decisión tanto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga como a los sujetos procesales involucrados en este asunto.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con comisión

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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